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Área Derecho Penal - Competencias de los jueces penales municipales

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Indice del artículo
Área Derecho Penal
Competencias de los jueces penales municipales
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COMPETENCIA DE LOS JUECES
PENALES MUNICIPALES

Como en el momento de la publicación de esta cartilla se encuentra vigente la  Ley 600 de 2000, hasta que se agoten los procesos por delitos que se cometieron hasta el 31 de diciembre de 2006, debemos referirnos a las facultades que dicha normatividad establece para los estudiantes de Consultorio. Los jueces penales municipales conocen:
1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.  De los procesos por delitos que requieran querella de parte (Art. 35 ley 600/2000), cualquiera sea su cuantía, excepto la injuria; calumnia; injuria y calumnia indirecta; injuria por vías de hecho; injurias o calumnias recíprocas.
3.  De los procesos por delitos de lesiones personales.
No está de más  resaltar que el salario sobre el cual se fija la cuantía, es el vigente al momento de la comisión de la conducta punible. En cuanto a los procesos que requieren impulso por parte del sujeto pasivo, están definidos como bien se menciona en el artículo 35 de la ley 600 del 2000, sin embargo se enumeraran en una tabla a continuación.
Delito Articulo CP
Lesiones personales sin secuelas, que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días Artículo 112 incisos 1º y 2º
Violación de habitación ajena artículo 189
Violación en el lugar de trabajo  artículo 191
Violación ilícita de comunicaciones artículo 192
Divulgación o empleo de documentos reservados artículo 194
Acceso abusivo a un sistema informático artículo 195
Violación de la libertad de trabajo artículo 198
Violación a los derechos de reunión y asociación artículo 200
Violación a la libertad religiosa artículo 201
Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa artículo 202
Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto artículo 203
Violencia intrafamiliar artículo 229
Inasistencia alimentaría artículo 233
Malversación y dilapidación de los bienes de familiares artículo 236
Hurto simple cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes artículo 239 inciso 2º
Hurto de uso y entre condueños (C. P. artículo 242); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado artículo 243
Estafa cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes artículo 246 inciso 3º
Emisión y transferencia ilegal de cheques artículo 248
Abuso de confianza artículo 249
Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito artículo 252
Alzamiento de bienes artículo 253
Sustracción de bien propio artículo 254
Disposición de bien propio gravado con prenda artículo 255
Defraudación de fluidos artículo 256
Utilización indebida de información privilegiada cuando sea cometida por un particular artículo 258
Malversación y dilapidación de bienes artículo 259
Usurpación de tierras artículo 261
Usurpación de aguas artículo 262
Invasión de tierras o edificios artículo 263
Perturbación de la posesión sobre inmuebles artículo 264
Daño en bien ajeno artículo 265
Usura y recargo de ventas a plazo artículo 305

Posteriormente el Congreso promulgó la Ley 1153 de 2007 mediante la cual se definían las conductas contravencionales, se determinaba la punibilidad y el procedimiento. Varios delitos de competencia de los jueces penales municipales se degradaron a la categoría de contravenciones y la misma norma otorgo plena competencia a los consultorios jurídicos para que sus estudiantes actuaran como defensores o representantes de las víctimas.
La vigencia de la Ley 1153 fue muy corta porque en sentencia C-879 /08  con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, fue declarada inconstitucional. Sin embargo, el congreso de la república estudia un nuevo proyecto de ley para el tratamiento de pequeñas causas penales. Considera la ciudadanía a través de sus representantes que es urgente la definición de este tema.
Finamente nos rige la Ley 906/04, mediante la cual se implementó en nuestro país un sistema con clara tendencia acusatoria, solo permite a los estudiantes de Consultorio la representación de las víctimas, en calidad de apoderados de oficio, esto es ante la imposibilidad de que ellas cuenten con un representante de confianza. Sin embargo, en la actualidad el estudiante del consultorio jurídico no ha sido designado para representar a las víctimas.